SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1943/2010-R

La apoderada del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través del memorial cursante de fs. 327 a 328 vta. señaló: i) El proceso de saneamiento de tierras implementado por el INRA, comprende diversas etapas que fueron cumplidas conforme a procedimiento, donde el recurrente pudo hacer uso de todos los medios de prueba a su alcance para demostrar el cumplimiento de la función económico social de su predio durante las pericias de campo; ii) Como consecuencia de la transferencia por parte de José Martín Gonzales, del predio denominado “Quitachiyu”, hoy “Montana”, al ahora recurrente, éste en ejercicio de su derecho a la defensa, impugnó el informe de Evaluación Técnica Jurídica (ETJ) que sugería la improcedencia de la titulación, emitiéndose un informe complementario de 21 de octubre de 2002, en el que se sugirió se dicte resolución anulatoria de conversión a su favor por la superficie de 500,0000 has, en mérito de haberse acreditado la función económico social sobre esa superficie; y, iii) No se vulneró ninguno de los derechos alegados por el recurrente, puesto que asumió defensa dentro del proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional, siendo otra cosa que el fallo librado no le sea favorable a sus intereses, motivo por el que no puede alegar la violación de derechos constitucionales.