SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1943/2010-R

El recurrente, ahora accionante, considera que las autoridades demandadas, vulneraron los derechos de su mandante a la igualdad, a la “seguridad jurídica” y la garantía al debido proceso, toda vez que a través de la Sentencia Agraria Nacional 21/2007, dictada dentro de la demanda contencioso administrativa que planteó, a pesar de reconocer expresamente que durante la pericia de campo se constataron trabajos agrícolas en una extensión de 650,0000 has, a las que de acuerdo con el art. 238 del Reglamento de la Ley INRA, correspondía agregar las áreas de descanso, de proyección de crecimiento y servidumbres ecológicas y por ende una extensión de 1,300 has; sin embargo, de forma contradictoria reconocieron la superficie de 500,0000 has; actuación en la que no aplicaron objetivamente la ley, actuando en forma arbitraria y con total desconocimiento de lo expresamente establecido en las normas agrarias.