SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1965/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega que se vulneraron los derechos de su representado “a la seguridad jurídica” y al debido proceso, debido a que el Tribunal de Sentencia Tercero de La Paz dictó la Sentencia 12/2006 por la que declaró a su representado absuelto de culpa y pena de los delitos de peculado y malversación, sin embargo, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz emitió el Auto de Vista 306/2006 por el que declaró procedente el recurso y en consecuencia revocó totalmente la Sentencia declaró al imputado como autor directo de la comisión de los delitos señalados condenándo a la pena privativa de libertad de cinco años en reclusión, indicando como único argumento jurídico los arts. 413 del CPP y 37 y sgtes., del CP y quebrantando los arts. 329, 408, 413 del CPP; por su parte, la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia al emitir el AS 351/2007 infringió los arts. 15 y 59 de la LOJ y la jurisprudencia penal emanada de la misma Corte Suprema de Justicia. Corresponde analizar si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.