SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2481/2010-R
Fecha: 19-Nov-2010
III.4. Análisis del caso concreto
De lo relacionado precedentemente se establece con claridad que las autoridades recurridas al haber declarado ejecutoriado el Laudo Arbitral 75/2007 han obrado de manera ilegal y excediendo sus atribuciones lesionando con ello el derecho al debido proceso de la empresa accionante; por cuanto ante un eventual incumplimiento del pago de honorarios y otros gastos emergentes del proceso de conciliación y arbitraje, podían hacer efectivo el cobro a través de otras vías, conforme señala el art. 22.I del Reglamento de la CAINCO, no pudiendo dicha omisión afectar la dinámica del procedimiento arbitral, como lo hizo en este caso, supeditando el normal desarrollo del proceso al cumplimiento del pago de honorarios y otros; más aún si fue esa instancia la que concedió el recurso de anulación interpuesto contra el Laudo Arbitral ante el Juez de Partido de Turno en lo Civil y Comercial de Turno, debiendo en su caso remitir el expediente original ante el Juez competente y no declarar ilegalmente la ejecutoria del Laudo Arbitral bajo ese argumento, cuando son las autoridades (administrativas o judiciales, y arbitral en este caso) las que deben conseguir un proceso.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- Fragmento 3
- a)
- concede
- i)
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- éste Tribunal determinó que toda su actuación será acorde al nuevo orden constitucional
- accionante'
- III.2. Del debido proceso: Marco constitucional y jurisprudencial
- buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes
- III.3. Los recursos en los procesos de arbitraje
- sin que ello afecte la dinámica del procedimiento arbitral"
- Fragmento 18
- III.4. Análisis del caso concreto
- APROBAR