SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2548/2010-R

                                          El  recurrente, mediante su abogado, ratificó los términos del recurso planteado y los amplió señalando: 1) El cobro que realizó su defendido fue por el ingreso de la querella presentada por Félix Sausa Aricoma contra Sergio Martínez Avendaño por el supuesto delito de estafa, cuya cuantía ascendía a $us15 000.-. El cobro fue por los timbres, ingreso de causa, citación, haciendo un total de Bs475.-, cuyo saldo de Bs25.- le fue devuelto al querellante; sin embargo, sin mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; el recurrido ordenó su detención, dejándolo incomunicado y enmanillado a un asiento; 2) Luego de haber estado detenido desde las 11:45 hasta las 15:00 le hizo firmar una constancia para obtener su libertad, por lo que tuvo que entregarle Bs500.-, siendo que esos recursos son de propiedad del Ministerio Público; y, 3) Con la actuación del recurrido, se vulneró sus derechos a la libertad física, de locomoción y presunción de inocencia, actuación ilegal según ha establecido la SC 0314/2002-R de 22 de marzo, que resolvió un caso similar, ordenando el pago de costas, daños y perjuicios.

En efecto, el art. 227 del CPP, establece que: “La Policía Nacional podrá aprehender a toda persona en los siguientes casos: 1) Cuando haya sido sorprendida en flagrancia; 2) En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente; 3) En cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y, 4) Cuando se haya fugado estando legalmente detenida. La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicar y ponerla a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de ocho horas”.

A su vez  el art. 293 del citado Código refiere que: “Los funcionarios y agentes de la policía que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública informarán, dentro de las ocho horas de su primera intervención a la Fiscalía. Bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos.