SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0053/2010

De lo expuesto se establece que la aplicación del bono de antigüedad, desde la vigencia del art. 60 del DS 21060, debió regirse por la escala que lo  previó  y sobre la base del salario mínimo nacional y en el caso, las pretensiones de la demanda se refieren a hechos ocurridos estando ya vigentes las disposiciones antes señaladas y, por tanto, el Reglamento Interno de personal del LAB S.A., debió ser adecuado a la nueva política salarial, lo que; sin embargo, no ocurrió, omisión que determina que el art. 36 del citado Reglamento, vulnere el principio de jerarquía normativa, por cuanto: 1) No se rige por los porcentajes que previó el art. 60 del DS 21060, sino por una única del 3% acumulativo; y, 2) No se aplica sobre el salario mínimo nacional, sino sobre el salario básico, por año de servicio continuo.

Es preciso aclarar como antecedente que el “art. 4 del DS de 23 de noviembre de 1938”, previó que los reglamentos internos debían estar de acuerdo con las modalidades de trabajo de cada actividad y las leyes, decretos y demás disposiciones vigentes en materia laboral, lo que significa que un reglamento interno, a fin de respetar el principio de jerarquía normativa, debe ser elaborado y aprobado en concordancia con la normativa vigente en la materia y, por lo mismo, el art. 36 debió regirse a las previsiones de los arts. 60 del DS 21060 y DS 21137, que previeron una nueva política salarial en el país, pero no lo hicieron, pese a no guardar concordancia normativa y que el Reglamento Interno de Personal del LAB S.A., fue aprobado sólo por una Resolución Ministerial.

En el caso, la demanda funda sus derechos laborales en el art. 36 del mencionado Reglamento, con la pretensión de efectuar cobros por reposición del bono de antigüedad y reintegro retroactivo del mismo por la prestación de servicios laborales ocurridos dentro de la vigencia de los Decretos Supremos mencionados.

La Resolución Ministerial (RM) 910/76 de 8 de diciembre de 1976 que aprueba el Reglamento Interno de Personal del LAB S.A., fue emitida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral del gobierno “de facto” del Presidente, Hugo Bánzer Suárez; por lo que debió ser homologada por el Ministro de Trabajo pertinente, al quedar restaurado el orden constitucional y democrático del país, actuación que no consta haber ocurrido y por ende, la omisión vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en la Constitución Política del Estado abrogada.