SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2614/2010-R

El recurrente denuncia la vulneración de los derechos a la “seguridad jurídica”, defensa y la garantía del debido proceso de la empresa que representa, por cuanto dentro del proceso de restructuración que siguió ésta ante la Superintendencia de Empresas, finalizado el plazo de solicitud de registro de créditos y cumplidos todos los requisitos como la publicación y registro, este procedimiento adquirió calidad de cosa juzgada, al haberse igualmente homologado el acuerdo de transacción suscrito por el representante de la empresa y los acreedores; no obstante, de manera ilegal la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, con falta de competencia procedió a la revisión de los Títulos de Ejecución Tributaria que ya fueron registrados, dictando Autos iniciales de sumario contravencional por multas, cuando en su momento debieron hacer conocer sus acreencias consignando intereses y demás recargos, los que junto a sus Resoluciones Sancionatorias llevarán a la empresa a un estado de riesgo, por las consiguientes medidas precautorias que la administración tributaria pueda adoptar dentro del proceso de ejecución. Corresponde analizar, en revisión, si lo demandado se encuentra dentro los alcances de la acción de amparo constitucional prevista en el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).