SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2696/2010-R

En coherencia con las citas doctrinales efectuadas, este Tribunal en la       SC 1534/2003-R de 30 de octubre manifestó que el derecho a la defensa es la "…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"; entendimiento ratificado recientemente por la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, que además precisó que se extiende a: "…i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE" (negrillas añadidas).

Constitucionalmente este derecho fue reconocido por el art. 16.II de la CPEabrg, que determinaba era inviolable, precepto que a nivel normativo se plasmó en los arts. 8 y 9 del CPP, que consagran la defensa material y técnica respectivamente, que se encuentran robustecidos por lo establecido por los arts. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del PIDCP, anteriormente instituido en virtud a las leyes de ratificación y el desarrollo jurisprudencial del bloque de constitucionalidad, actualmente constitucionalizados con ese instituto en virtud al art. 410.II de la CPE. 

Ahora bien, conforme precisó la SC 1298/2010-R de 13 de septiembre, "Como derecho y garantía constitucional que es, el derecho a la defensa se ejerce desde el primer acto del proceso hasta su finalización, así el primer párrafo del art. 5 del CPP dispone: 'Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización.'