SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0098/2010-R

El representado del accionante alega la vulneración de su derecho a la “seguridad jurídica” y de la garantía al debido proceso, toda vez que se encuentra privado de su libertad debido que el 26 de octubre de 2006, fue aprehendido en su domicilio por efectivos de la FELCC, bajo el argumento de ser autor del delito de robo agravado a la empresa Taquiña; que, las autoridades judiciales demandadas, a tiempo de considerar y resolver la solicitud de cesación de detención preventiva, se apartaron de las previsiones legales que rigen el acto procesal, se acompañó documentación idónea para acreditar familia constituida, domicilio habitual, trabajo y antecedentes penales y policiales; sin embargo, la Jueza cautelar mediante Auto Interlocutorio de 6 de marzo de 2007, observó la fecha de reconocimiento de firmas del contrato de trabajo; una vez apelada esta determinación, mereció el Auto de Vista de 30 de marzo de 2007, y de la misma forma, observaron el reconocimiento de firmas del contrato de trabajo. El 24 de abril del citado año, nuevamente se presentó la solicitud de cesación de la detención preventiva, misma que fue rechazada con el argumento de que persistía el riesgo de obstaculización; finalmente, el 2 de junio de 2007, interpuso incidente de nulidad de actuados por inobservancia y violación de derechos y garantías fundamentales, mismo que fue rechazado por la Jueza cautelar y como quiera que los rechazos de los incidentes no son susceptibles de apelación incidental, es que también plantea el presente recurso contra dicha autoridad por rechazar el incidente referido, toda vez que, se evidencia por la prueba aportada, el allanamiento ilegal en que habría incurrido el Fiscal de Materia, sin la respectiva orden judicial y sin la existencia de un delito flagrante. Corresponde analizar en revisión, si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.