SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0647/2100-R

En el caso en concreto, el accionante, manifiesta que el ente deliberante del municipio de Palos Blancos, en su ausencia, convocó a sesión ordinaria, desconociendo la normativa legal vigente realizaron actos que son nulos de pleno derecho conforme el art. 16.V de la LM, vulnerando las normas y restringieron su derecho, acciones que recaen en la norma establecida por el art. 31 de la CPEabrg., emitiendo resoluciones  municipales, aprobando el POA de la gestión 2007 y estados financieros incurriendo el supuesto directorio, en el tipo penal de anticipación, prolongación e incumplimiento de funciones, antecedentes que afectaron implícitamente las funciones del ahora acciónate, en ese sentido, la jurisprudencia constitucional recientemente sentada, en la SC 0099/2010-R de 10 de mayo, delimita el ámbito de protección de la acción de amparo constitucional, modulando la línea jurisprudencial ya sentada, estableciendo que:”…en el ámbito administrativo y municipal concretamente, que son aspectos que interesan al caso de autos, considerando que el acto administrativo por su naturaleza jurídica tiene las características de ejecutividad y presunción de legalidad tal como se explicó en el Fundamento Jurídico, punto III.3 y considerando además que todo acto administrativo tiene una teleología propia cual es cumplir con los fines del Estado, el constituyente fue sabio al determinar un mecanismo inmediato e idóneo para proteger efectivamente actos que puedan ser nulos, pudiendo incluso suspenderse los efectos de los mismos para evitar ´nulidades consecuentes´ que en un Estado Social y Democrático de Derecho serían completamente adversas y contrarias al interés público; por esta razón y por la importancia del resguardo a la competencia, se establece un mecanismo reforzado y específico para protegerla frente a los supuestos de hecho antes descritos. En mérito a todos los aspectos señalados y específicamente en el campo de los actos administrativos municipales, se colige que la acción de amparo constitucional, no es la vía idónea para restituir supuestos de hecho descritos en los art. 31 de la CPEabrg y 122 de la CPE, toda vez que existe un mecanismo específico para su resguardo cual es el recurso directo de nulidad, por tanto, pretender hacer valer presuntas vulneraciones a los supuestos de hecho descritos en estas garantías mediante el antes recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo, lo hace manifiestamente improcedente, por cuanto se desvirtúa y desnaturaliza la actuación del Juez natural” (las negrillas nos corresponden).