SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0647/2100-R

         Según la doctrina de las ciencias jurídicas, la palabra jurisprudencia, de manera general, tiene diversas acepciones; por lo mismo ha sido definida desde diversas perspectivas, así, en el Derecho Romano, Ulpiano la definió como “la noticia  o el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto”; en una segunda acepción, basada en la teoría formalista del Derecho o la corriente positivista, la jurisprudencia se define  como la serie de sentencias uniformes emanadas de los  máximos tribunales de justicia en las que, a partir de una interpretación de la ley  aplicable al caso concreto, se uniforman o unifican los criterios respecto a la aflicción de las disposiciones legales para juzgar de igual forma en la misma cuestión; desde la perspectiva de la corriente “anti formalista” o teoría reformista del Derecho, se define la jurisprudencia como el conjunto de criterios emanados de los tribunales al interpretar, integrar y aplicar los supuestos normativos de la Ley en la resolución de un caso concreto sometido a su conocimiento; en ese contexto, partiendo de esas definiciones generales referidas, de manera específica se podría afirmar que la jurisprudencia constitucional es la doctrina que establece el Tribunal Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la constitución, al interpretar y aplicar la Ley fundamental, asi como las leyes, desde y conforme la constitución, al resolver un caso en concreto, creando normas adscritas o sub reglas a partir de la extracción de normas implícitas, la integración o interrelación de las normas constitucionales, en definitiva, se podría decir que, la jurisprudencia constitucional es una parte de la sentencia emitida por el Tribunal o Corte Constitucional, donde se concreta el alcance de una disposición constitucional; es decir, donde se explicita qué es aquello que la constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un caso en concreto.