SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0661/2010-R

El recurrente solicita tutela de los derechos de la empresa que representa a la seguridad jurídica, al trabajo, a la propiedad y al debido proceso denunciando que fueron vulnerados por la autoridad recurrida, dentro del proceso contencioso tributario que siguió contra la Dirección General de Impuestos Internos, se emitió en última instancia el Auto Supremo 063/97 que puso fin al proceso, habiéndose notificado a las partes el 16 de abril de 1997, no obstante ello, el 16 de noviembre de 2006, dicha entidad recién lo notificó con el Pliego de cargo 05/2006; es decir, después de transcurridos nueve años y siete meses, cuando la acción por parte de la administración tributaria para exigir el pago del tributo prescribió a los cinco años conforme al art. 109.II.1 del CTB; no obstante ello, cuando solicitó la extinción por prescripción de la obligación tributaria, el Gerente del SIN, mediante Auto de 6 de diciembre de 2006, rechazó su petición con el argumento de que el Juez que conoció el proceso en primera instancia, decretó “cúmplase” el 10 de marzo de 2004, fecha desde la cual, el adeudo tributario es legalmente exigible. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal garantías, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales de la empresa que representa el recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.