SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0740/2010-R

El debido proceso, reconocido como una garantía jurisdiccional  por el art. 16.IV de la CPEabrg, art. 117 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), y como derecho humano en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica (PIDCP), y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es entendido como el derecho de toda persona  a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los convenios y tratados internacionales.