SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0795/2010-R

Al respecto, la SC 0447/2010-R ha señalado: “(…) si bien el Tribunal Constitucional en gestiones pasadas estableció que es preciso y obligatorio que el accionante deba accionar el recurso contra la totalidad del tribunal colegiado que asumió la decisión, no es menos evidente que en casos como el presente, cuando el Tribunal Colegiado está conformado por una gran cantidad de personas, esta obligación se convierte en una barrera o cuando menos en una limitación a un pronto y oportuno acceso a la justicia, por lo que sólo a manera de nombrar una de las dificultades que representaría citar a todos y cada uno de los miembros de entes colegiados de la magnitud del presente caso, encontramos la obligación establecida en el art. 97.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que señala: “Nombre y domicilio de la parte recurrida o de su representante legal”  (…) Lo propio debe tenerse en cuenta cuando se trata de actos u omisiones indebidas que emanen de otros entes colegiados con número de miembros numeroso, por mencionar algunos, asambleas de sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, asociaciones, etc., en cuyo caso la demanda deberá plantearse en contra de su representante legal o del directorio en su caso” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

Mediante SC 0953/2006-R de 2 de octubre, el Tribunal Constitucional, fundó una línea jurisprudencial que establece que: en los casos de recursos de amparo constitucional, se acepta la legitimación pasiva parcial de miembros de órganos colegiados, ante la existencia de medidas de hecho que amenazan comprometer derechos fundamentales y primarios de personas.