SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0832/2010-R
Fecha: 10-Ago-2010
1)
El Juez correcurrido, Pedro Félix Ribera Cruz, por informe cursante de fs. 22 a 23 vta., indicó que: 1) Su autoridad ordenó la detención preventiva del imputado Jacob Susano Ríos, al presentarse las dos condiciones y requisitos del art. 233 del CPP, en dos casos que fueron acumulados; el primero, por el supuesto delito de conducción peligrosa y el segundo caso por el supuesto delito de hurto de motorizado, en audiencia cautelar debidamente motivada y fundamentada; 2) El imputado desde el primer acto de las investigaciones, manifestó que tenía diecinueve años ante el Fiscal y el Juez cautelar de Minero, y sobre esa base se hicieron todas las investigaciones llegando inclusive a la audiencia cautelar y posteriormente, sostuvo que tenía diecisiete años, existiendo contradicción tanto en el nombre y el año de nacimiento del imputado; 3) Las lesiones ahora alegadas debieron ser denunciadas ante su autoridad, para que como Juez de garantías se pronuncie al respecto, o en su defecto, debió interponer recurso de apelación contra el Auto que dispuso su detención preventiva; y, 4) Como Juez cuidó que el procedimiento se llevé adelante con todas las formalidades de ley, no existiendo vulneración al debido proceso ni quebrantamiento a garantías constitucionales, argumentos por los que pide se declare improcedente el recurso, con costas y multas de ley.
- recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad,
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
- a)
- 1)
- improcedente
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- “accionante”
- “conceder”
- III.3.
- empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos
- Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada
- decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1. Exigencia de denunciar supuestos actos ilegales al juez cautelar en cumplimiento a la subsidiariedad excepcional que rige al hábeas corpus, hoy acción de libertad
- Fragmento 28
- III.4.2. Obligación de apelar resolución judicial de medida cautelar que afecte el derecho a la libertad física o de locomoción
- III.4.3. Cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa o al debido proceso deben ser impugnadas ante la autoridad judicial que conoce la causa
- III.5. Otras consideraciones
- la necesidad de notificar a los terceros interesados con la demanda en acciones tutelares de amparo,
- Fragmento 33