SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0832/2010-R
Fecha: 10-Ago-2010
II.1.
II.1. El 26 de diciembre de “2006”, el Fiscal de Materia, Carlos Montaño Álvarez, ante la denuncia realizada por Juan Carlos Raña Álvarez por el supuesto delito de hecho de tránsito, imputó formalmente a Alfredo Susano Ríos el delito de conducción peligrosa de vehículo, previsto y sancionado por el art. 210 del Código Penal (CP), en relación al art. 140.2 y 3 del Código Nacional de Tránsito (CNT) (fs. 18 a 19 vta.); llevándose a cabo audiencia de medidas cautelares el 27 de ese mes y año, en la que se dispuso en su contra medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en: Obligación de presentarse cada quince días ante la Fiscal a objeto de firmar el libro de control; prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas y de comunicarse con las personas afectadas en el presente caso y fianza personal de dos garantes personales con solvencia económica y domicilio conocido. En dicha audiencia, el imputado señaló que su nombre era Alfredo Susano Ríos, de diecinueve años de edad (fs. 20 a 21 vta.).
- recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad,
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
- a)
- 1)
- improcedente
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- “accionante”
- “conceder”
- III.3.
- empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos
- Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada
- decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1. Exigencia de denunciar supuestos actos ilegales al juez cautelar en cumplimiento a la subsidiariedad excepcional que rige al hábeas corpus, hoy acción de libertad
- Fragmento 28
- III.4.2. Obligación de apelar resolución judicial de medida cautelar que afecte el derecho a la libertad física o de locomoción
- III.4.3. Cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa o al debido proceso deben ser impugnadas ante la autoridad judicial que conoce la causa
- III.5. Otras consideraciones
- la necesidad de notificar a los terceros interesados con la demanda en acciones tutelares de amparo,
- Fragmento 33