SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0832/2010-R
Fecha: 10-Ago-2010
a)
La Fiscal de Materia recurrida, Nelva Ferrufino García, por informe escrito cursante de fs. 10 a 11, manifestó que: a) El 25 de diciembre de 2007, Juan Carlos Raña Álvarez formuló denuncia contra Alfredo Susano Ríos, por el delito de conducción peligrosa de vehículo, quien prestando su declaración informativa indicó tener diecinueve años señalando lo mismo ante el Juez cautelar de Minero, habiendo dispuesto esa autoridad su libertad con aplicación de medidas sustitutivas; b) Posteriormente, Pura Chávez de Suárez denunció en la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), el robo de su automóvil, a consecuencia de lo cual el recurrente en su declaración informativa policial, expresó tener diecisiete años, sin acreditar dicha situación con ningún documento; llevándose a cabo audiencia cautelar para determinar su situación jurídica el 13 de marzo de 2008, en la que se dispuso su detención preventiva, negándose su solicitud de cesación el 3 de abril del citado año, determinación contra la que pudo interponer recurso de apelación, sin que hubiese hecho uso del mismo; c) Debió acudir ante el Juez cautelar que se constituye en juez de garantías constitucionales para demandar las ilegalidades que denuncia o presentar el recurso de apelación referido; y, d) Existe otro proceso penal iniciado a querella de Pura Chávez de Suárez contra el recurrente, por el delito de falsedad material e ideológica de documento público, en el que se expresó que el certificado de nacimiento que éste presentó es falso. Solicitó se declare improcedente el recurso.
- recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad,
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
- a)
- 1)
- improcedente
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- “accionante”
- “conceder”
- III.3.
- empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas
- En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos
- Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada
- decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.4.1. Exigencia de denunciar supuestos actos ilegales al juez cautelar en cumplimiento a la subsidiariedad excepcional que rige al hábeas corpus, hoy acción de libertad
- Fragmento 28
- III.4.2. Obligación de apelar resolución judicial de medida cautelar que afecte el derecho a la libertad física o de locomoción
- III.4.3. Cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa o al debido proceso deben ser impugnadas ante la autoridad judicial que conoce la causa
- III.5. Otras consideraciones
- la necesidad de notificar a los terceros interesados con la demanda en acciones tutelares de amparo,
- Fragmento 33