SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1026/2010-R

En ese sentido se ha pronunciado la uniforme jurisprudencia constitucional, así en la SC 0865/2003-R de 25 de junio, entre otras, se ha señalado que el juez cautelar: “…tiene la atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación, respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, por eso la misma norma legal en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al Fiscal a dar aviso de la investigación dentro de las veinticuatro horas de iniciada la misma; pues es el juez el encargado de precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las normas del Código procesal penal; por ello, toda persona relacionada a una investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad” (Las negrillas son agregadas).

Sin embargo, contrariamente a lo señalado, la accionante, acude a esta jurisdicción sin previamente haber realizado su denuncia ante el juez de instrucción en lo penal y cautelar competente, por lo que no utilizó un mecanismo sencillo, específico, idóneo, eficiente y oportuno al cual puede acudir todo afectado para el restablecimiento de su derecho a la libertad presuntamente afectado, así se dejó sentado en la SC 0080/2010-R.