SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1397/2010-R

Los recurrentes a través de su abogado reiteraron el contenido de su demanda y ampliando señalaron lo siguiente: i) Contra la Resolución impugnada no existe otro recurso; ii) Prácticamente se les ha dado la muerte civil a los recurrentes al no dejarles candidatear; y, iii) A los recurrentes en ningún momento al interior de la Universidad se les ha sancionado administrativa o penalmente, ni se les ha dado ninguna responsabilidad penal, administrativa o civil.

La justicia constitucional es el mecanismo institucional legítimo para resguardar las normas de rango constitucional, precautelar derechos fundamentales y resguardar el ejercicio del poder de los órganos públicos enmarcados en la Constitución, por tal razón, ésta se estructura sobre el llamado principio de Supremacía Constitucional y la nulidad e invalidez de actos de poder contrarios a la Constitución, teniendo por tanto este instrumento constitucional tres finalidades básicas a saber: i) Hace respetar y prevalecer la Constitución y todas las normas y preceptos considerados supremos en relación a todo el sistema normativo infra-constitucional restante, que debe someterse a éstas; ii) Evita el “abuso de poder”, para que el Estado, a través de sus órganos y en el marco de la división y coordinación de los mismos, cumpla con sus fines esenciales; y, iii) Es la garante y celadora del respeto pleno y eficaz de los Derechos Fundamentales atribuidos a todas las personas.

Consecuentemente, el control de constitucionalidad se configura como una herramienta de la justicia constitucional y se caracteriza por ser un filtro jurídico de verificación del estricto cumplimiento de la Constitución, consagrándose como una de las mayores aspiraciones de la justicia, ya que garantiza el respeto, supremacía y vigencia plena de la Constitución como orden fundamental y fundador de toda la organización jurídico-social.