SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1626/2011-R

Al respecto, se ha llegado a establecer que, el accionante por la asociación a la que representa, no ha cumplido con las exigencias o requisitos para que se lleve a cabo la labor de revisión de la legalidad ordinaria en sede constitucional, puesto que si bien hace una relación de los hechos denunciados e identifica la Resolución Administrativa Rectoral acusada de ilegal y cuya nulidad solicita, citando inclusive los derechos que considera lesionados, no ha establecido la relación directa entre la ausencia de la motivación extrañada, arbitrariedad u otra situación, por no haberse aplicado la interpretación que considera se debió efectuar, con los derechos y/o garantías constituciones, mismos que hubieran sido lesionados con esa interpretación, por lo que la fundamentación de su acción es abstracta; es decir, no existe una relación clara. En consecuencia, no es posible ingresar al análisis de la interpretación de la norma legal ordinaria administrativa sobre contrataciones, realizada en el caso concreto por la autoridad demandada en representación de la UAGRM.