SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1626/2011-R

Por otro lado, no cabe duda que el accionante pretende la valoración de la prueba, sobre el informe en el cual se basó para emitir la Resolución Administrativa Rectoral 0179/2009, puesto que pretende la revisión de legalidad ordinaria ligada al análisis de la valoración y efectos jurídicos de dicho informe, el cual se basa en la revisión o análisis del proceso y la propuesta adjudicada, presentado justamente por la empresa representada por el accionante, por ello es que precisamente pretende la anulación de la citada Resolución y por consiguiente retrotraer el proceso de contratación hasta la RA 033/2009; empero, tampoco ha cumplido los presupuestos para dicho fin, dado que no ha acreditado la no valoración de dicha prueba, o la ausencia de fundamentación al respecto. Situación que ratifica la imposibilidad de compulsar la documentación referida en la acción tutelar.