SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1639/2011-R

                       En los estados contemporáneos, la Constitución, de acuerdo a la teoría constitucional, es concebida como el conjunto de reglas, principios y valores de rango supremo, positivizadas o no, destinadas a disciplinar la organización de los poderes estatales y a asegurar la vigencia plena de derechos fundamentales, no solamente a través de un catálogo amplio de estos, sino también mediante el reconocimiento de mecanismos eficaces para una real protección.

                      En ese orden de ideas, a la luz de los modelos constitucionales conocidos en doctrina, la Constitución boliviana, aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, constituye un verdadero paradigma, cuyos principales ejes de cambio, precisamente encuentran razón de ser en la estructura ideológica y filosófica que sustenta su diseño.

                       En efecto, tomando como punto de partida la construcción constitucional de la parte dogmática de este texto y asumiendo que el preámbulo del mismo constituye la síntesis y esencia pura de las directrices axiológicas que guiaron la función constituyente, en virtud de las cuales se refundó el Estado, es perfectamente pertinente, resaltar que el pueblo boliviano, de composición plural como elemento fundante del Estado, siguiendo las palabras de Alberto del Real Alcalá, como un eje neurálgico, estructuró sus cimientos en el reconocimiento de “un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos”, postulado a partir del cual -entre otros-, debe resaltarse la primacía de los principios de solidaridad y armonía, consagrados taxativamente en el preámbulo, los cuales -interpretados teleológicamente-, están destinados a la consolidación no sólo de una vigencia formal, sino principalmente material del fin primordial del Estado Plurinacional: “el vivir bien”.

                       En el contexto antes señalado, debe establecerse también que el art. 13.1 del texto constitucional, asegura la inviolabilidad de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado; en ese orden y reforzando esta regla constitucional, el art. 13.3 de la CPE, proclama que no existe jerarquía entre derechos, garantizando el Estado a las personas y colectividades, el libre y eficaz ejercicio de los derechos fundamentales, tal como reza el art. 14.3 del mismo cuerpo normativo, aspectos, que a la luz de los modelos constitucionales conocidos en derecho comparado, constituye un eje de ruptura esencial, máxime cuando el art. 109.1 del texto constitucional, de forma expresa señala: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección” (sic), aspecto que consolida al nuevo orden constitucional como un verdadero paradigma a la luz del derecho comparado, superando una sesgada visión, en virtud de la cual, -tal como se evidencia en modelos constitucionales contemporáneos-, se jerarquizan derechos, garantizándose su justiciabilidad solamente para algunos -en particular los de “primera generación”-, descuidándose una efectiva protección para otros, verbigracia el caso de los derechos colectivos, situación que enmarca a estos modelos en una visión proteccionista de derechos individuales, aislados de una visión colectiva y que constituye una esencial característica de diferenciación con el modelo constitucional boliviano.