SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1954/2011-R

El 12 de noviembre de 2010, se lo detuvo supuestamente cometiendo un delito, lo que ameritó su aprehensión, transcurriendo ciento veinte horas hasta ser puesto ante un Juez, ante quien se denunció que toda la prueba que sustentó la imputación del Ministerio Público se obtuvo de manera ilícita violando derechos y garantías constitucionales, al manifestar que el día de los hechos entró en concomitancia con el “Dr. Mario Vaca Pereira y con el Dr. Fernández” para una entrega de dinero que debía realizar la denunciante Jovita Rosangela Ayala Ramos, para así favorecer a su esposo Edward Algarañaz Justiniano, detenido preventivamente en la cárcel pública. Lo que sucedió ese día es que la persona mencionada se dirigió a su despacho pidiéndole que se notifique con una audiencia de cesación, solicitud a la que accedió dirigiéndose a la casa judicial de la Villa Primero de Mayo, donde le solicitó elabore un acta para la devolución de una suma de dinero en otro operativo por agio, por el que su marido estaba detenido; al momento de la entrega del dinero, aparecieron funcionarios del Consejo de la Judicatura, quienes actuaron de manera prepotente, ingresándolo conjuntamente el Juez y Secretario a un Despacho donde les requisaron ilegalmente conduciéndolos posteriormente a la oficina central del Ministerio Público, en la que los aislaron dejándolos incomunicados.

No conoció los “fundamentos” del Ministerio Público porque nunca le facilitaron las pruebas que supuestamente le inculpaban; siendo grande su sorpresa cuando recién ante el Juez cautelar, se enteró de la vil trampa de la que fue víctima, haciéndole conocer en dicha instancia toda la prueba existente en su contra, realizando la Fiscal de Materia una “fundamentación con una relación de los hechos que daba espanto y asombro de poder verificar la trampa que se (le) tendió”.