SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0415/2011-R

Asumiendo el contenido del art. 129 de la CPE, que establece que la acción de amparo constitucional “…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución”; en coherencia el art. 29.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que precisa la interposición de esta acción “…por el recurrente, demandante o sus apoderados, acompañando los documentos que acrediten su personería...” y el art. 97.I de la misma Ley, que asume como requisito de contenido “Acreditar la personería del recurrente”; se infiere que la representación que Sigfrido Soleto Gualoa aduce ostentar a momento de exponer la presente acción, respecto a los demás suscribientes de la carta de 29 de noviembre de 2008 -presentada el 16 de noviembre de ese año, conjuntamente otra bajo los mismos términos- y la posterior descritas en la Conclusión II.2 de esta Resolución, no es suficiente para solicitar la tutela constitucional sobre el derecho a la petición de los “cien abogados del Foro Cruceño” (sic); sin embargo, es conducente el pronunciamiento en relación a este derecho sobre el interés particular del accionante y el de sus dos representados, que acudieron a la jurisdicción constitucional en afirmación de su legitimación activa como titulares del bien jurídico presuntamente conculcado y en procura de su resguardo.