SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0473/2011-R

La autoridad demandada en su informe escrito, expuesto en el punto I.2.2. del presente fallo, aduce falta de legitimación pasiva con el argumento de corresponder, ante la evidencia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales de la accionante, su protección y correspondiente restitución al Consejo de la Judicatura como Tribunal revisor de las actuaciones de la Magistrada del Tribunal Constitucional, para tal efecto citó las SSCC 0158/2002-R, 0258/2003-R y 0918/2005-R, que revisadas minuciosamente no determinan la responsabilidad sólo de las autoridades superiores sino, por el contrario, aclaran que las acciones tutelares deben interponerse, no sólo contra la que originó la vulneración sino también contra la autoridad o tribunal que tiene legalmente la atribución de conocer el proceso en última instancia puesto que es ésta quien tiene la facultad de ordenar el cumplimiento de lo que se disponga en la jurisdicción constitucional, lo que significa que la ex Magistrada que presuntamente transgredió los derechos de la accionante está igualmente obligada a responder ante la jurisdicción constitucional si se constata la vulneración aludida.

Este razonamiento es sostenido por la jurisprudencia constitucional glosada en Fundamentos Jurídicos III.1, de esta Sentencia, que establece que ostentan legitimación pasiva para ser demandados en las acciones tutelares todos los intervinientes en el menoscabo o transgresión de derechos fundamentales, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, entendimiento al que llegó la accionante quién específicamente interpuso la acción de amparo constitucional contra la entonces Magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Gilma Salame Farjat, alegando que la destituyó sin cumplir el procedimiento establecido en su Reglamento Interno y contra los Consejeros de la Judicatura que evadieron resolver el recurso jerárquico interpuesto contra la determinación de la codemandada.