SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0542/2011-R

2.  Conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional, para considerar la existencia de persecución ilegal o indebida que amenace la restricción del derecho a la libertad, debe configurarse a través de actos de persecución u hostigamiento sin una razón o motivo legal para ello, u orden de captura y que se emita al margen de los casos expresamente previstos por ley, o en su ejecución se incumplan las formalidades previstas en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal. En el caso en revisión, no se advierte la existencia de ninguno de los supuestos descritos que hagan presumir o provoquen en el representado del accionante la amenaza de restringir su derecho a la libertad, tampoco se observa que exista otro mandamiento de aprehensión pendiente de ejecución; teniendo presente que el 11 de septiembre de 2009, fue citado legalmente para que el 15 de ese mes y año, preste su declaración informativa dentro de la investigación que sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado del poder notarial 2273/2009 de 6 de julio, supuestamente conferido por Nicolasa Cristina Fernández Atahuhichi, a favor del defendido del accionante.

En ese contexto, los hechos que motivaron la presente acción, no se encuentran dentro de los alcances definidos por el art. 125 de la CPE, por cuanto corresponde denegar la tutela solicitada, en el entendido que producida la aprehensión del representado del accionante, fue remitido ante el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, en calidad de aprehendido e imputado; inmediatamente la autoridad jurisdiccional ordenó su libertad, restableciendo los derechos invocados en la presente acción, lo que permite colegir que no existe ningún otro mandamiento, o actos de hostigamiento y persecución de parte del representante del Ministerio Público o de algún funcionario policial que amenace restringir el derecho a la libertad de Juan Carlos Cano Ponce, que se considere como persecución ilegal.