SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0881/2011-R
Fecha: 06-Jun-2011
I.1.1. Hechos que la motivan
Emergente de un proceso de institucionalización que comprendió la evaluación de méritos, exámenes de competencia y todos los requisitos establecidos por la Ley de Reforma Educativa 1565 de 7 de julio de 1994 (LRE), Escalafón Nacional del Servicio de Educación su Reglamento y el correspondiente a Faltas y Sanciones; realizado en la gestión 2003, por el Ministerio de Educación y Culturas y la Dirección Departamental de Educación, fueron designados en los cargos de Directores de Unidades Educativas; adquiriendo la condición de funcionarios de carrera institucionalizados y por tanto inamovibles, salvo las expresas previsiones de exoneración, cambios y otros previstos en los Reglamentos que autoricen dichas actuaciones. Ejercieron sus funciones de manera normal, sin ningún inconveniente hasta el 13 de julio de 2008, en que las mismas instituciones, desconociendo su trayectoria profesional, jerarquía y el proceso de institucionalización, convocaron sus cargos.
En la misma fecha, impugnaron la referida convocatoria y sin haber recibido la “atención necesaria” (sic); y ante la vulneración de normas que rigen la educación boliviana y constituyen una amenaza a la restricción de sus derechos y garantías constitucionales, en el mes de agosto de 2008, presentaron un amparo constitucional, que en Auto de 1 de octubre de igual año, determinó como medida cautelar la suspensión de la Convocatoria de 13 de julio, entre tanto se resuelva el “recurso”. Empero, el procedimiento constitucional no concluyó debido a que se promovió recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, quedando en suspenso la indicada Resolución, pero vigente la medida cautelar adoptada y notificada a las autoridades “recurridas”, quienes hicieron caso omiso, incumpliendo lo dispuesto por los arts. 44.I y 99 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), prosiguiendo con el proceso de “RE-institucionalización” sobre cargos institucionalizados desde el 2002, designando a nuevos Directores y emitiendo memorándums comunicándoles sus designaciones como profesores de aula, reduciendo su jerarquía, sueldos y su remoción a unidades educativas distintas.
Manifiesta, que no los sometieron a ningún proceso administrativo disciplinario interno con base en el Escalafón y sus Reglamentos, entre ellos de Faltas y Sanciones, tramitado con resguardo del derecho al debido proceso y defensa en el que se hubiese determinado alguna responsabilidad disciplinaria en su contra e impuesto la sanción de destitución o remoción (SSCC 0996/2006-R y 0471/2007-R). Como mecanismo de presión, las autoridades “recurridas” realizaron la retención de sus papeletas de pago o exclusión del sistema de sueldos del Magisterio, motivo por el cual no perciben sus sueldos desde el mes de enero, febrero y marzo, dado que no se realizaron los depósitos respectivos en sus cuentas de ahorro en el Banco UNION, impidiendo de esta manera su acceso a las prestaciones de salud, debido a que la Caja Nacional de Salud (CNS) no les brinda atención médica por falta de acreditación de aportes, lo que conlleva poner en riesgo su derecho a la vida (SSCC 0397/2007-R, 0132/2007-R y 0874/2007-R).
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- i)
- concediendo en parte
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. Imposibilidad de tramitar un recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad dentro de una acción de amparo constitucional
- por consiguiente, el tribunal o juez de amparo ante la interposición del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad dentro de una acción tutelar tiene la facultad de desestimar el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, sin la necesidad que el mismo sea remitido en consulta a este Tribunal, debiendo proseguir el trámite regular que la Constitución Política del Estado y la Ley del Tribunal Constitucional establecen, hasta concluir con el pronunciamiento de la resolución final.
- III.3.
- se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso que dio origen a la sentencia referida, a quien se deberá pedir haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o incumplimiento, se deberá solicitar la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179-bis del Código Penal (CP), sin perjuicio de que el recurrente pueda pedir al Tribunal Constitucional haga cumplir su determinación imponiendo las sanciones pecuniarias correspondientes que le faculta el art. 52 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)
- 1. Respecto de la medida cautelar
- 2.- Respecto del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad planteado en anterior acción de amparo constitucional
- el cual, en caso de ser presentado, ante los jueces y tribunales de garantías, sea antes o en audiencia, corresponderá ser rechazado “ad portas”, es decir, de inmediato, sin que la autoridad jurisdiccional analice si contiene o no lo exigido por el art. 60 de la LTC, corra en traslado el incidente y menos envíe en consulta ante el Tribunal Constitucional, ya que una vez admitido el recurso de amparo, conforme los arts. 100 y 101 de la LTC, corresponde fijar día y hora de audiencia, la cual deberá realizarse indefectiblemente hasta concluir con el pronunciamiento de la resolución final”.
- 3.-