SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0967/2011-R
Fecha: 22-Jun-2011
I.1.1. Hechos que la motivan
Indica como antecedente de la presente acción tutelar, la interposición de otra anterior, en la que demandó también a los Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, denunciando en ese entonces, que dictaron el Auto de Vista de 3 de agosto de 2009, ratificando la Resolución 275/2009 de 12 de junio, apelada contra la negativa a la cesación de la detención preventiva de Santos Ramírez Valverde; Auto de Vista dictado en omisión de una idónea valoración de los antecedentes correspondientes al recurso, que no fueron remitidos en su totalidad por la Jueza a quo, ni exigidos por el Tribunal de alzada; constando ello, en la Resolución que fuera impugnada, en la que se afirmó no haber recibido ningún elemento de prueba ofrecido ni producido sobre las declaraciones informativas recibidas y, en base a este argumento, no comprobable la extinción del peligro procesal de obstaculización que el imputado ejercería en relación a los testigos de cargo.
Así, resuelta “procedente” en parte la referida acción de libertad, por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, se ordenó dejar sin efecto el Auto de Vista de 3 de agosto, disponiendo la emisión de una nueva resolución en función a los antecedentes y pruebas que sirvieron de base a la emitida por el Juez cautelar, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Santos Ramírez Valverde, por la presunta comisión de delitos contra la función pública.
Sin embargo, los Vocales demandados resolvieron nuevamente ratificar la Resolución 275/2009, a través de la Resolución 142/2009 de 14 de noviembre, manteniendo la medida cautelar impuesta a Santos Ramírez Valverde, con el fundamento de la persistencia del riesgo procesal al existir otras causales por las que se presumiría peligro de obstaculización, obviando que no les está permitido incorporar nuevos motivos que no hubieran sido objeto de análisis por el juez que impuso la detención preventiva, pues ello violaría el derecho a la defensa del imputado.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- 1)
- “improcedente”
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad: Su triple carácter tutelar
- Fragmento 14
- III.1.1. Alcances de su tutela, cuando se denuncian lesiones al debido proceso
- Fragmento 16
- Fragmento 17
- III.2. Fundamentos y antecedentes de la tutela constitucional solicitada por el accionante
- esta actividad realizada por el Ministerio Público en la instrucción del proceso penal, sólo reviste carácter de elemento convictivo y converge en la finalidad de la etapa preparatoria contenida en el art. 277 del CPP, pues no existe precepto en la Ley adjetiva penal, que otorgue calidad de prueba a la declaración informativa, sino durante la etapa de juicio oral y público como testimonio, tal como indican los arts. 193 y ss -vinculados al art. 350-, todos del mismo Código
- este tribunal no recibió ningún elemento de prueba ofrecido ni producido sobre esta situación
- III.2.2.
- no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la Resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas y, por consiguiente, aplicar la detención preventiva a el o los imputados; toda vez que, en estos casos, (…), los vocales deben precisar los elementos de convicción que le permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP
- es así que dentro de un recurso de hábeas corpus sólo puede procederse a la revisión de ese análisis cuando el juzgador se aparte de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, caso contrario, no puede intervenir para dejar sin efecto la Resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba, en ese sentido (…) deben darse determinadas condiciones para que este Tribunal entre a valorar la prueba
- III.3. Aplicación de los Fundamentos Jurídicos esgrimidos, a la pretensión del accionante en su solicitud de tutela constitucional
- ordenar la tutela
- APROBAR