SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0967/2011-R
Fecha: 22-Jun-2011
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante alega que los Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictaron la Resolución 142/2009 -ratificando nuevamente el fallo apelado por el que se negó la cesación de la detención preventiva de Santos Ramírez Valverde-, omitiendo una correcta valoración de los antecedentes correspondientes al recurso puesto a su conocimiento y tomando en cuenta elementos probatorios ajenos a los considerados por la Jueza a quo, a momento de imponer la referida medida cautelar; asumiendo erróneamente, que no se comprobó la extinción del peligro procesal de obstaculización que el imputado ejercería en relación a los testigos de cargo, aún hasta en etapa de juicio.
Los fundamentos de la problemática que se analiza, también fueron expuestos en una anterior promovida por el accionante el 25 de agosto de 2009, a conocimiento de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz -fungiendo como Tribunal de garantías- a través de la Resolución 97/2009 de 6 de octubre, por la que se dejó sin efecto el Auto de Vista que resolvió el recurso de apelación incoado por el accionante contra la negativa a la cesación de la medida cautelar impuesta a su defendido; fallo que es antecedente directo de la Resolución impugnada en la presente acción tutelar.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- 1)
- “improcedente”
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad: Su triple carácter tutelar
- Fragmento 14
- III.1.1. Alcances de su tutela, cuando se denuncian lesiones al debido proceso
- Fragmento 16
- Fragmento 17
- III.2. Fundamentos y antecedentes de la tutela constitucional solicitada por el accionante
- esta actividad realizada por el Ministerio Público en la instrucción del proceso penal, sólo reviste carácter de elemento convictivo y converge en la finalidad de la etapa preparatoria contenida en el art. 277 del CPP, pues no existe precepto en la Ley adjetiva penal, que otorgue calidad de prueba a la declaración informativa, sino durante la etapa de juicio oral y público como testimonio, tal como indican los arts. 193 y ss -vinculados al art. 350-, todos del mismo Código
- este tribunal no recibió ningún elemento de prueba ofrecido ni producido sobre esta situación
- III.2.2.
- no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la Resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas y, por consiguiente, aplicar la detención preventiva a el o los imputados; toda vez que, en estos casos, (…), los vocales deben precisar los elementos de convicción que le permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP
- es así que dentro de un recurso de hábeas corpus sólo puede procederse a la revisión de ese análisis cuando el juzgador se aparte de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, caso contrario, no puede intervenir para dejar sin efecto la Resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba, en ese sentido (…) deben darse determinadas condiciones para que este Tribunal entre a valorar la prueba
- III.3. Aplicación de los Fundamentos Jurídicos esgrimidos, a la pretensión del accionante en su solicitud de tutela constitucional
- ordenar la tutela
- APROBAR