Sentencia: 0473/2011-R

c. La tercera parte de toda Sentencia Constitucional se constituye en la parte resolutiva o dispositiva, que titula “POR TANTO”; cuyo contenido se limita a aprobar o, en su caso, revocar las resoluciones de los Tribunales de garantías, venidas en revisión, concediendo o denegando la tutela solicitada

Dependiendo de los casos, la aprobación generalmente no requiere de mayores formalismos ni disposiciones; sin embargo, cuando se revoca totalmente la resolución venida en revisión, o se aprueba o revoca en parte, generalmente corresponde disponer algunas medidas que deberán ser observadas por los Tribunales de garantías para materializar lo decidido por el máximo intérprete de la constitución.

Cabe aclarar, que dentro de la parte resolutiva se limita a establecer la aprobación o revocación de la Resolución venida en revisión, sin mayor carga argumentativa, ya que se supone que los argumentos y fundamentos están desarrollados dentro de los fundamentos jurídicos del fallo, y más concretamente hablando dentro de la razón de la decisión de las Sentencias Constitucionales.

c) Tomando en cuenta las dos anteriores consideraciones, tenemos que el precedente constitucional obligatorio, o dicho en otros términos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, será aplicable para futuros casos, siempre y cuando en la causa fuente del precedente y en la causa nueva concurra una coincidencia, no sólo de los fundamentos jurídicos (de la ratio decidendi) sino también de los hechos concretos o el conjunto fáctico.

Del análisis realizado, tenemos entonces que la jurisprudencia constitucional requiere de una condición ineludible para que se efectivice la vinculatoriedad de sus  resoluciones, y es precisamente que el propio Tribunal Constitucional deberá en cada caso en particular el velar si sus precedentes deben o no ser aplicados a las causas nuevas; porque si bien su jurisprudencia es vinculante (que se expresan en precedentes obligatorios), esta nace como respuesta a los conflictos económico sociales y políticos, que se traducen en los supuestos fácticos, los mismos que por su propia naturaleza y la dinámica social son cambiantes; por esta razón básica es que no puede pretenderse que un entendimiento jurisprudencial sea aplicado a causas actuales y futuras, sin que se realice un mayor análisis de las coyunturas jurídicas y políticas, en especial cuando los supuestos de hecho que dieron nacimiento a determinado entendimiento jurisprudencial no correspondan a una realidad jurídica actual.

Siguiendo este razonamiento tenemos que el producto de la interpretación constitucional; es decir, la jurisprudencia constitucional, tendrá la misma vigencia que los supuestos facticos que la originaron, y si estos supuestos fácticos cambian o se transforman y evolucionan, resulta claro que la jurisprudencia también debe transformarse, modularse y evolucionar, mediante la tarea de la constante interpretación, para no quedar obsoleta y brindar respuestas adecuadas a los conflictos jurídicos actuales o los que están por venir.