AUTO CONSTITUCIONAL 0266/2011-RCA

Mediante memorial presentado el 16 de abril de 2010, cursante de fs. 69 a 79, el accionante por su representada manifiesta que el 3 de febrero de 1993, la Compañía de Ingenieros Civiles y Sanitarios “CICSA” Ltda., representada en ese entonces por el esposo de su mandante, Felipe Seleme Vargas, suscribió contrato de préstamo con el Banco de Inversión Boliviano (BIBSA) S.A., por $us31 000.- (treinta y un mil dólares estadounidenses); con la fusión del Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. y el BIBSA, crearon el Banco Sur S.A., adquiriendo las obligaciones y derechos de las entidades disueltas conforme prevé el art. 405 del Código de Comercio (Ccom), motivo por el cual el Banco Sur S.A., el 7 de septiembre de 1995, inició a través de su representante, demanda ejecutiva contra “CICSA” Ltda., disponiéndose mediante Auto Intimatorio 263/95 de 19 de septiembre de 1995, el pago de lo adeudado más los intereses legales, Auto Intimatorio y demanda con el que dicha entidad nunca fue notificada.

El 10 de febrero de 2007, la empresa ejecutada, tuvo conocimiento extraoficial respecto a que el Banco Sur S.A. en liquidación, inició en su contra una demanda ejecutiva el año 1995, proceso que radicó en el Juzgado Noveno de Partido en lo Civil y Comercial, por lo que debido al transcurso del tiempo interpuso excepción de prescripción liberatoria; ante la pérdida de competencia del Juez de la causa, se remitió antecedentes al Juzgado Undécimo de Partido en lo Civil y Comercial, autoridad jurisdiccional que pronunció la Sentencia 106/2009 declarando probada la demanda e improbada la excepción de prescripción; interpuesto el recurso de apelación contra la misma, la Sala Civil Primera, de manera errónea, mediante Auto de Vista 371/2009 de 8 de octubre, confirmó la Sentencia impugnada.

El art. 1507 del Código Civil (CC), establece que, los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años, plazo que debió ser considerado por las autoridades ahora demandadas y que de manera sistemática ha sido omitido con el vago fundamento que el Banco Sur S.A. es una entidad del Estado y por tanto su derecho no prescribió; que la publicación de las empresas en mora y que tengan alguna deuda con las entidades en liquidación, realizada por el Banco Sur S.A. con la atribución otorgada al Superintendente de Bancos, mediante Ley 2297 de 20 de diciembre de 2001, interrumpe la prescripción, desconociendo que dicha publicación se efectuó el 25 de noviembre de 1994.