SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1345/2011-R

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la “seguridad jurídica”, al trabajo, a una remuneración justa, a ejercer el cargo para el que legalmente elegido, a participar libremente en la función pública y al debido proceso, por cuanto fue suspendido como Alcalde, al haber presentado carta de renuncia irrevocable el 30 de diciembre de 2008, pese a que hizo conocer mediante notas, días antes al tratamiento de la referida carta, las ilegalidades que pesaban sobre la misma y su voluntad de continuar en el cargo; no obstante, el Concejo Municipal designó en el cargo a Marco Antonio Coraité Sierra; por lo que interpuso amparo constitucional concedido por el Juez de garantías, disponiendo que el Concejo Municipal considere en sesión extraordinaria el retiro de la renuncia irrevocable, declarando la nulidad de la Resolución de elección. Posteriormente, cumpliendo la Resolución de amparo, el Concejo Municipal convocó a sesión extraordinaria de 18 de marzo de 2009, para el tratamiento de las cartas de retiro de renuncia de 2 y 5 de enero de ese año; sin embargo, lejos de subsanar errores, oficiosamente incluyeron la carta de 13 de marzo del referido año, donde comunicó por tercera vez su voluntad de revocar su supuesta renuncia, rechazando las solicitudes contenidas en las cartas y de forma directa eligieron a Marco Antonio Coraité Sierra, como Alcalde con la participación ilegal de una Concejala suplente. En ese sentido corresponde en revisión, analizar si tales aseveraciones son ciertas y si dan lugar o no a brindar la tutela solicitada.