SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1378/2011-R

La acción de amparo constitucional instituida en el art. 128 de la CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones ilegales o indebidos ejercidos tanto por servidores públicos como por personas individuales o colectivas. Esta acción de defensa, constituye una garantía jurisdiccional extraordinaria, que hace posible la materialización de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado y las leyes.

A su vez, en el art. 129 de la ley Fundamental, se advierten dos principios que caracterizan el amparo constitucional: el de subsidiariedad y el de inmediatez, precisándose en el parágrafo I de dicho precepto, que esta acción puede interponerse: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; característica ya asumida en la Ley del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia emanada de este Órgano, determinando que la tutela es viable únicamente en la medida en la que accionante, agote previamente todos los medios ordinarios o administrativos en la salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales y sólo ante la persistencia de la lesión, se apertura la protección del amparo constitucional.