SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1831/2012

Miguel Ángel Ribera Chávez, en mérito al testimonio de poder especial y bastante 230/2011 de 24 de marzo, se apersona en nombre y representación de Carla Lorena Pinto Bustamante, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo y por memorial de fs. 35 a 37 vta., presenta informe escrito, sosteniendo lo siguiente: 1) La accionante no ha acreditado su legitimación activa, pues solo refiere que habría adquirido una parcela de 950 m² mediante minuta de compra venta, aduciendo tener posesión real y corporal de buena fe, sin especificar datos exactos de dicha propiedad; 2) Se sostiene que, mediante documento de 11 de febrero de 2011, solicitó fotocopias legalizadas de la Ordenanza Municipal y su homologación a rango de Resolución Suprema y que hasta la fecha no habría sido respondida; 3) Lo anterior no es cierto; toda vez que, por decreto de 4 de marzo de 2011, la Dirección Jurídica dispone que previamente la impetrante deberá acreditar su derecho propietario acompañando documentos originales, notificándose en debida forma en la misma fecha en tablero de despacho, al no haber la accionante señalado su domicilio procesal;   4) Paralelamente dicha petición fue remitida a la Oficialía Mayor de Planeación, instancia que también emitió respuesta de 3 de marzo de 2011, estableciendo que la Resolución Suprema así como la Ordenanza Municipal que dispone el cambio de suelo, no fue expedido por el ejecutivo municipal, por lo que la impetrante deberá acudir al Concejo Municipal de Quillacollo o al respectivo Ministerio para recabar la documentación que requiere, habida cuenta de que sólo cuentan con fotocopias simples, notificándose a la impetrante en la misma fecha en tablero de despacho; 5) En ningún momento se ha negado la solicitud de la accionante, más al contrario, se le ha dado respuesta en tiempo oportuno y con la claridad debida; sin embargo, después de presentar la petición, no volvió a aproximarse al municipio para exigir su respuesta, menos reiteró su solicitud, empero el municipio a más de ello, ha procedido a notificarla con los proveídos referidos mediante Notaria de Fe Pública; 6) El art. 41.6 de la Ley de Municipalidades (LM), refiere como atribuciones del Concejal Secretario, el de expedir certificados, testimonios y copias legalizadas que se encuentran bajo su custodia; por ende, es facultad del Concejo Municipal otorgar copias legalizadas, no habiendo observado la accionante la instancias y procedimientos administrativos para recabar la documentación requerida; y, 7) El presente “recurso”, sólo es aplicable cuando no exista otro medio o recurso legal, en el caso, tratándose de una solicitud de fotocopias legalizadas que fue dirigida erradamente al ejecutivo municipal, la accionante agotando vías, podía reiterar su petición al Concejo Municipal o al Senado Nacional. Fundamentos por los que solicita se declare “improcedente”, la acción de amparo constitucional.