SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2263/2012

Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante…” (las negrillas nos corresponden). En definitiva, la acción de libertad tiene por vocación tutelar el debido proceso, en sus diferentes componentes, mientras la afectación o vulneración de este tenga estrecha vinculación con la libertad del encausado.

Asimismo, conviene analizar el principio de congruencia como elemento integrador del debido proceso; así, se entiende por el mismo, la relación lógica y coherente de cada una de las partes de una determinada decisión judicial; por consiguiente, habrá incongruencia cuando exista un desajuste o contradicción entre las partes que integran la resolución; en efecto, la falta de adecuación entre la parte dispositiva y la pretensión deducida por las partes podría acarrear una incongruencia bajo los siguientes presupuestos: que la determinación judicial confiera más de lo solicitado por el actor, que resuelva de manera distinta de lo peticionado y, que conceda menos de lo impetrado. En este contexto, conviene citar la jurisprudencia constitucional referente a la congruencia de la resoluciones judiciales; así, la SCP 0554/2012 de 20 de julio, recogiendo los razonamientos del entonces Tribunal Constitucional señaló que: “…referido a la estructura de la resolución, a través de la SC 1009/2003-R de 18 de julio, el Tribunal refirió que: '…el juzgador también deberá observar estrictamente el principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser respetado en el transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también es de observancia en el texto de una sola resolución, pues como establece el ordenamiento jurídico, toda resolución tiene una estructura básica que marca la estructura formal que tiene que respetarse. Así, en toda resolución, deben en principio identificarse las partes, una suma de las pretensiones así como también el objeto de la resolución, posterior a ello, tendrá que exponerse una parte relativa de lo demandado, otra relativa a los hechos comprobados por el juzgador, otra que exponga el razonamiento del juzgador más las normas legales que sustenten dicho razonamiento y finalmente la parte resolutiva que deberá -resulta por demás obvio- responder a las partes precedentes, lo que significa, que la decisión debe guardar completa correspondencia con todo lo expuesto a lo largo del texto de la resolución; si no se estructura de tal forma una resolución, ésta carecerá de consecuencia, puesto que luego de analizar, relatar y analizar determinados hechos se llegaría a resultados distintos…'”. En ese mismo contexto, sobre el principio objeto de estudio,  el razonamiento de la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableció que: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume…”. En efecto, el debido proceso en su vertiente de congruencia, implica que las resoluciones judiciales guarden coherencia y correspondencia en su estructura.

Entonces, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen elemento imprescindible del debido proceso, por lo que, es obligación de las autoridades judiciales emitir sus pronunciamientos debidamente razonados, pues ellos ameritan ejecución y, por ende, deben estar revestidos de suficientes argumentos y razones, en la medida que los justiciables encuentren convencimiento en dicha decisión.