SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2012

Antes de ingresar al análisis de fondo del caso presente, debemos referir que esta tutela de acción de amparo constitucional ostenta el principio de inmediatez, considerando la obligación de plantearse la demanda tutelar dentro del plazo de seis meses que son computables a partir de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial.

El art. 129.II de la CPE, ordena que: “La acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada con la última decisión administrativa o judicial”, presupuesto de caducidad que determina que el impetrante de tutela tiene potestad de ejercer su derecho dentro de seis meses y pierde este derecho al no acudir a la justicia constitucional en este tiempo razonable, siendo que: “…es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición…” (SC 1039/2010-R de 23 de agosto). 

Este Tribunal Constitucional mediante la SC 1773/2004-R de 11 de noviembre, determinó, lo siguiente: ”…es preciso aclarar que el principio de inmediatez del amparo constitucional tiene un doble efecto, el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al derecho fundamental restringido o suprimido de manera ilegal o indebida, y, el segundo, negativo está referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado deberá presentar el recurso de manera inmediata, máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte recurrente hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos…”.