SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0364/2012

           Conforme se tiene establecido, de los antecedentes que cursan en obrados, la acción de amparo constitucional que ahora se revisa, emerge de un proceso de carácter sumario administrativo respecto a la incompatibilidad para el ejercicio de funciones de Jaime Gonzalo Campos Reyes, como médico del Centro de Salud de la comunidad de San Andrés, con el ejercicio profesional en COSSMIL y en la CSC.

           Así, por RA 003/2011, la autoridad sumariante codemandada, dispuso apertura de proceso sumario administrativo interno contra el ahora accionante, por incurrir en incompatibilidades previstas en la ley y en el Reglamento Interno de Personal del SEDES; por RA 004/2011, la referida autoridad, determinó su destitución inmediata, por lo que el accionante interpuso recurso de revocatoria; ratificándose por RA 006/2011, la Resolución Sancionatoria. Notificado el accionante formuló recurso jerárquico, ante la autoridad sumariante, la que elevó antecedentes al Director Técnico del SEDES de Beni, codemandado, quien confirmó las RRAA 004/2011 y 006/2011, de destitución y que ratificó la Resolución Sancionatoria, respectivamente.

           Tratándose de un proceso administrativo disciplinario concluido en todas sus etapas conforme lo estipula el DS 26237, que modificó el DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992; en el que cada una de las Resoluciones emitidas en el caso de autos, le resultaron adversas al accionante, quien al no contar con ningún recurso o medio legal adicional para revertir esta situación, pretende con la presente acción tutelar, la revisión de la prueba de cargo y descargo aportada dentro del proceso sumario disciplinario, sin que haya cumplido con las subreglas que conforme a la jurisprudencia constitucional permitan ingresar a examinar dicha revisión.

           Por otra parte, el supuesto incumplimiento de la normativa instituida en el referido Decreto Supremo, por los codemandados, significaría ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria, lo que conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, atinge a las autoridades con competencia para tramitar el proceso disciplinario administrativo; aspectos que no pueden ser dilucidados por la jurisdicción constitucional, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2.