SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0391/2012

           De los antecedentes que cursan en obrados, se establece que fenecido el último contrato de prestación de servicios a plazo fijo, suscrito entre el accionante y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro; bajo promesa de regularizar su situación laboral, el indicado continúo desempeñando funciones; sin embargo, el compromiso asumido no fue cumplido; por el contrario, mediante nota escrita a mano, el Director de RR.HH., codemandado, le instruyó hacer entrega de sus activos fijos en el día, siendo ésta una manera de despedido de la institución; ante lo cual, por diferentes notas dirigidas a la Alcaldesa codemandada, el actor solicitó su “inserción” o reincorporación a su fuente de trabajo, al haber sido despedido no obstante tener bajo su dependencia a una persona con discapacidad, sin que haya obtenido respuesta alguna, acudiendo inclusive a diferentes instituciones que impetraron su reincorporación por gozar de inamovilidad laboral dada su situación. Así, la Jefatura Departamental de Trabajo, conminó al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, su reincorporación inmediata, sin que se haya formulado respuesta alguna a dichos requerimientos y solicitudes, lo que motivó que el hoy accionante interponga acción de amparo constitucional, habiéndosele concedido tutela en cuanto a su derecho petición, ordenando que las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal, respondan a sus notas presentadas, en el plazo de setenta y dos horas.

           En observancia de lo determinado por el Tribunal de garantías, el Director de RR.HH., codemandado, expidió una respuesta formal de carácter negativo al accionante, en cuanto a su pretensión de ser reincorporado a su fuente laboral, determinación que no fue rectificada sino más bien convalidada por la MAE de dicho Gobierno Autónomo Municipal, la Alcaldesa codemandada, habiéndose consumado así la destitución del accionante de su fuente laboral, sin que exista causal debidamente justificada, circunstancia que deviene en un acto ilegal, que lesiona sus derechos fundamentales al trabajo, remuneración o salario justo e inamovilidad funcionaria al tener bajo su dependencia a una persona con discapacidad, puesto que se tiene demostrado que es el único responsable de su hermana Altagracia Sara Velasco Robles, quien tiene una discapacidad visual (ceguera en ambos ojos), aspecto que imposibilita a esta última sustentarse por ella misma, habiendo pasado a depender directamente de su hermano -ahora accionante-, quien para dicho objeto requiere de un trabajo estable que le permita no sólo satisfacer sus necesidades propias, sino también las de su hermana discapacitada, por lo que corresponde otorgar la tutela requerida, en una interpretación bajo el principio pro hómine de las normas constitucionales y legales que hacen a los derechos de las personas con discapacidad, haciendo extensivo el derecho a la inamovilidad funcionaria para aquéllas personas que como en el presente caso, tengan bajo su dependencia a hermanos con discapacidad, en situaciones en que estos últimos se encuentren bajo total desamparo y en absoluta dependencia del indicado pariente en línea colateral de segundo grado, conforme establece la norma reglamentaria todavía vigente, según se explicó en el Fundamento Jurídico precedente.