SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2012
Fecha: 09-Jul-2012
III.2. Los alcances del art. 234.4 de la CPE y los efectos de la existencia de un “pliego de cargo ejecutoriado”
Con el objeto de desarrollar una coherente argumentación jurídica, es imperante señalar que la reforma constitucional de 2009, diseña un modelo de Estado, el cual, sustenta y legitima el ejercicio del Poder, a través de la asunción de la teoría contemporánea de la “fractura del poder”, en virtud de la cual, la norma suprema en su parte orgánica -que en sus bases ontológicas responde a la parte dogmática de la Constitución-, distribuye competencias específicas para el ejercicio del poder entre los cuatro órganos diseñados, por tal razón, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ejerce roles legislativos; el Órgano Ejecutivo, ejerce roles reglamentarios, de administración y ejecución; el Órgano Judicial ejerce roles jurisdiccionales propios de administración de justicia y el Órgano Electoral, ejerce atribuciones de índole electoral propias del sistema democrático imperante.
En el marco de esta división orgánica de funciones, de acuerdo con el objeto y causa de la presente acción de amparo constitucional, corresponde precisar los alcances de la “función administrativa”, concepto a partir del cual, para los ámbitos de gestión en el nivel nacional, departamental y municipal deberá precisarse el alcance de la “función pública” y de los requisitos establecidos para su acceso.
Por lo mencionado, la función administrativa, debe ser entendida como un rol esencial del Estado que tiene por objeto el cumplimiento de sus fines y la efectiva satisfacción directa e inmediata de las necesidades colectivas e individuales en una sociedad. En ese orden, es pertinente indicar que la función administrativa en el Estado Plurinacional de Bolivia, está destinada a cumplir con los fines del Estado plasmados en el art. 9 de la CPE y además efectivizar a través de sus órganos el pleno goce y ejercicio de derechos fundamentales de naturaleza individual o colectiva.
En coherencia con lo señalado, es pertinente precisar que en los niveles de gestión pública nacional, departamental y municipal, esta función administrativa es plasmada a través del ejercicio de la función pública, que siguiendo una pauta teleológica de interpretación, presupone el cumplimiento de requisitos esenciales para que se alcancen en el marco de los postulados propios de un determinado modelo de Estado, los fines encomendados a esa función pública.
- acción de amparo constitucional,
- A) Antecedentes del caso
- B) Actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3.Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.11
- II.14
- I.2.Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- el objeto
- exige del intérprete la aplicación de pautas de interpretación, entre las cuales se encuentran verbigracia el principio de unidad constitucional y los criterios teleológicos y sistémicos de interpretación constitucional, los cuales aseguraran una decisión razonable del intérprete, acorde con la ingeniería constitucional imperante.
- III.2. Los alcances del art. 234.4 de la CPE y los efectos de la existencia de un “pliego de cargo ejecutoriado”
- bajo una pauta de interpretación exegética, se establece que la referida disposición constitucional, utiliza el término “pliego de cargo ejecutoriado”, por lo que en mérito además a una pauta sistémica de interpretación y a la luz del principio de unidad constitucional, se tiene que la determinación de una deuda contra el Estado en sus diferentes niveles de administración, debe estar plasmada en una decisión jurisdiccional con calidad de cosa juzgada, en mérito de la cual, el pliego de cargo, que es un acto procesal de atribución de deuda a favor del Estado, adquiera ejecutoria
- en una interpretación sistémica y teleológica del requisito inserto en el art. 234.4 de la CPE, se tiene que la exigencia de un “pliego de cargo ejecutoriado”, tiene la finalidad precisamente de asegurar el respeto a un debido proceso y a la garantía del Estado de Inocencia, por tanto, mientras no se cumpla con este presupuesto, no puede limitarse ni suprimirse el derecho fundamental al acceso a la función pública
- III.3 La diferencia entre los requisitos de acceso a la función pública y la imposibilidad sobreviniente de ejercicio de la función pública por existencia de pliego de cargo ejecutoriado
- a) Si en el momento de postulación y calificación de méritos para el acceso a una función pública, el aspirante cuenta con un pliego de cargo ejecutoriado, de acuerdo al art. 234.4 de la CPE, existe una imposibilidad reglada por la propia Ley Fundamental para el acceso a una determinada función pública, por tanto, la inhabilitación de los postulantes en mérito a este supuesto fáctico, no vulnera el derecho fundamental al acceso a la función pública, por ser esta una prohibición emergente de la función constituyente.
- b) En resguardo de los derechos a un debido proceso y a la garantía del Estado de Inocencia, se tiene que si en el momento de acceder a una función pública, el aspirante no cuenta con un pliego de cargo ejecutoriado, no podrá limitarse o impedirse su acceso a la función pública por esta causal
- no es solamente aplicable al acceso a la función pública, sino también al ejercicio de la misma, previa verificación de la existencia de pliego de cargo ejecutoriado mediante un debido proceso administrativo, siempre y cuando este pliego de cargo este pendiente de cumplimiento
- III.4. Análisis del caso concreto
- 2)
- 3)
- 4)
- APROBAR