SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0981/2012

En el caso que se analiza, el ahora accionante, alega que trabajando en el SEDCAM de Oruro, gozó de su derecho a vacación, pero no precisó la fecha de la misma; sin embargo, refiere que al retornar a sus funciones el 1 de julio de 2010 se hizo presente en la oficina de Recursos Humanos (RR.HH) para marcar su ingreso, momento en el que se le indicó que estaba despedido, sin que se le haya proporcionado una comunicación oficial al efecto, por lo que se apersonó ante la Dirección de esa institución para conocer lo sucedido, donde tampoco obtuvo una respuesta; es así que,  mediante nota de la misma fecha solicitó a la autoridad accionada emita la determinación o el documento que considere pertinente a efectos de esclarecer su situación laboral, la cual no fue respondida, reiterándola en consecuencia a través de la nota de 15 del mes y año antes referidos, que tampoco fue atendida. En consecuencia, al no tener respuesta, manifiesta que se incrementó la incertidumbre de lo ocurrido respecto a su condición laboral, de ahí que previniendo que no se produzca una respuesta durante el lapso de tiempo en que se procesó la presente acción de amparo constitucional, hizo constatar la falta de respuesta a sus notas, con la presencia de una Notaria de Fe Pública.

De los antecedentes del caso y de la documental adjunta al expediente, se evidencia que el 1 de julio de 2010, el accionante cursó nota de solicitud a la Directora del SEDCAM de Oruro ahora accionada, solicitando emita la determinación o documento que defina su situación laboral en la institución, haciendo conocer que al retornar de sus vacaciones le indicaron de manera verbal que fue despedido sin proporcionarle ningún documento oficial al respecto, encontrándose en incertidumbre. No obstante lo mencionado, no se atendió su petición, habiendo transcurrido diez días sin tener una respuesta, pese a haber reiterado la misma, mediante otra nota de 15 de mismo mes y año, sobre la cual tampoco tuvo respuesta, situación que se confirmo por los antecedentes que cursan en obrados, donde no existe ninguna evidencia que acredite que esas notas hayan sido atendidas por la autoridad accionada, es más, se verificó que el accionante, por última vez, de manera previa a interponer la presente acción de amparo constitucional, tuvo que acudir a los servicios de una Notaria de Fe Pública, la misma que el 20 de julio de 2010, a través de acta cursante a fs. 8, corroboró la falta de respuesta a las solicitudes del accionante.

Asimismo, se establece que el 29 de julio de 2010, el accionante recibió una nota de la autoridad accionada, por la cual, ésta le indicó que en atención a sus notas, le remitía una copia del criterio legal elaborado por José Gamboa Pérez, abogado de dicha institución, documento que se halla dirigido y destinado a la autoridad accionada, mismo que contiene una opinión legal sobre la situación laboral del ahora accionante, esta última nota no obstante de haber sido recepcionada por el accionante, no constituye una respuesta a sus solicitudes, pues la emitió la autoridad accionada, sólo fue un medio de hacer conocer un criterio legal que puede o no asumir esa autoridad.