SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1014/2012

         De donde se desprende, que el órgano jurisdiccional está compelido a imprimir la prontitud debida en la tramitación de los actos procesales vinculados con la libertad, con la finalidad de hacer efectivo el mandato constitucional previsto en el art. 115 de la CPE, respecto del acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como brindar tutela jurisdiccional efectiva. La estricta aplicación de los plazos establecidos en la norma adjetiva penal, implica otorgar certeza en la tramitación de las causas vinculadas con la libertad. Al respecto, el Tribunal Constitucional manifestó: '"…toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa'” (SC 0078/2010-R de 3 de mayo, reiterada por la 0024/2012 de 16 de marzo) (lo resaltado nos corresponde). Entonces, toda solicitud vinculada con la libertad, deberá tramitarse en estricta observancia del principio de celeridad como rector de la administración de justicia, con la finalidad de evitar dilaciones indebidas que tornen la privación de libertad en indebida e ilegal.