SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1019/2012

El accionante alega la vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa de su representado, debido a que por Auto Final de la Instrucción de 16 de marzo de 2004, dictado por la Jueza Quinto de Instrucción en lo Penal Liquidador, se dispuso el procesamiento de varios imputados por el delito de robo agravado, al igual que su representado en grado de complicidad; al concluir el proceso se dictó Sentencia condenatoria el 8 de julio de 2004, por el Juez Primero de Partido en lo Penal, condenando a los procesados, entre ellos a su representado, por la comisión de los delitos de peculado, malversación, conducta antieconómica en grado de complicidad, a cumplir la pena de cuatro años y seis meses; asimismo, señaló que Ivo Ervin Mendoza Lara fue acusado por el delito de robo agravado en grado de tentativa y no por otros delitos por los que nunca fue acusado ni juzgado, Resolución que fue recurrida y confirmada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito, dicho Auto de Vista también fue impugnado mediante el recurso de casación y nulidad, siendo declarado infundado por los Ministros de la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 228 de 16 de septiembre de 2011, instancia dónde que no se reparó los actos arbitrarios e ilegítimos de las autoridades demandadas, quienes restringieron los derechos y garantías constitucionales de su poderdante. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.