SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1184/2012
Fecha: 06-Sep-2012
denegó
La Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Beni, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 006/2010 de 3 de septiembre, cursante de fs. 131 a 135, denegó la tutela solicitada con costas a ser calificadas en el “momento procesal pertinente”, con los siguientes fundamentos: 1) Respecto a que no se cumplió el plazo de cinco días para la investigación preliminar, este aspecto debió ser reclamado por ante el Juez de la causa y no pretender la extinción de la acción por el transcurso del tiempo; 2) Si bien la Resolución 24/2010, fue dictada después de un año, fuera del plazo previsto, el Fiscal de Distrito hoy demandado, en referida resolución aclaró que el retraso no se debió a su responsabilidad, ya que asumió funciones en marzo de 2010, lo que es evidente de acuerdo al cuadernillo de los casos que esperan resolución que entre el 2009 y 2010 superan las 78 causas, en ese sentido fue humanamente imposible para el aludido Fiscal resolver la causa de los ahora accionantes en cinco días tomando en cuenta que todas las causas tienen la misma importancia y deben ser resultas por orden; 3) Respecto a la consideración tardía del certificado médico que evaluó a Rodolfo Bruckner Dorado, el entonces Fiscal de Distrito puede sugerir la ampliación de la imputación en base a pruebas y sobre el mismo hecho que se investiga, pudiendo la calificación de los hechos variar hasta inclusive al momento de dictar Resolución de acuerdo al art. 342 del CPP; 4) No se puede anular la Resolución que revoca el sobreseimiento dado que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1190/2003-R, no se invalida la resolución fiscal por supuesta pérdida de competencia; y, 5) Respecto a la falta de notificación con la querella a Jorge Salvatierra Leigue, el decreto del Juez de Instrucción Mixto de Magdalena dispuso la notificación con la imputación a cada uno de los imputados, en ese sentido, fue en ese momento en que se debió reclamar la falta de notificación con la querella. Concluyendo que no se vulneraron los derechos al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.3. Petitorio
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- Fragmento 18
- III.2.1. El carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional
- 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno
- Fragmento 21
- III.2.1. Aplicación al caso concreto
- si el Fiscal no diera ese aviso al Juez cautelar, en un claro incumplimiento de los deberes que le asigna la norma procesal citada, la víctima, el querellante o el imputado, no pueden adoptar una actitud pasiva, sino que en resguardo de sus derechos y garantías, deben exigir a dicha autoridad que cumpla con esa obligación y en caso de no recibir una respuesta positiva, podrán denunciar tal omisión ante el Juez Instructor de turno en lo Penal
- De esta manera, el sistema de control de la investigación previsto por ley, que es el juez natural, está diseñado como la vía idónea, rápida y expedita para resolver cualquier supuesta lesión a los derechos fundamentales que se denuncien en la etapa investigativa
- frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes'
- En este orden, implica que el legislador ha considerado que al ser el consentimiento una expresión de la libre voluntad, no existe causa para dar curso a la tutela cuando se advierte este supuesto en los hechos denunciados, de modo que resulta lógico jurídicamente razonar negándose la tutela, en sentido de que el acto aún se considere lesivo, si ha sido admitido y consentido por el interesado en un primer momento, aún cuando después lo denuncie y pretenda la protección, pues este Tribunal no puede estar a disposición de la indeterminación de ninguna persona, dado que ello sería provocar una incertidumbre en los actos jurídicos, que conforme al ordenamiento jurídico sustantivo como procesal tienen sus efectos inmediatos, los mismos que no pueden estar sujetos a los caprichos y ambivalencias de ninguna de las partes intervinientes, por lógica consecuencia no pueden estas actitudes ser motivo de concesión de tutela alguna”
- Fragmento 27
- Fragmento 28
- III.4.1. La calificación jurídica de los hechos efectuada por el Ministerio Público
- el fiscal es la única autoridad competente que atribuye la comisión de un hecho delictivo a una persona, y será ante la autoridad jurisdiccional que deberá demostrar con toda la carga probatoria, su grado de participación en el referido hecho, a fin de que sea en esta instancia que se determine la culpabilidad o no del imputado
- bajo ningún justificativo la jurisdicción constitucional puede interferir en el criterio que puedan emitir los jueces para determinar la culpabilidad o no de un imputado; de igual manera, la existencia o no del delito que se investigó, siendo que esta atribución le está asignada exclusivamente a la jurisdicción ordinaria
- el fiscal podrá presentar la acusación ante el juez de instrucción, siempre que producto de la investigación de los hechos, existiera suficiente elementos para enjuiciamiento
- la responsabilidad penal que se atribuye al imputado depende del conjunto de elementos fácticos contenidos en la acusación; y no exclusivamente del tipo penal, porque no se juzga tipos o delitos, sino hechos.
- en la acusación no se imputan delitos, sino hechos calificados en un determinado tipo penal,
- III.4.2 . Aplicación al caso concreto
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- hasta antes de la presentación de la acusación formal
- Tratándose de los Fiscales, no es posible hablar de 'pérdida de competencia' de éstos cuando no han dictado sus resoluciones dentro de los plazos que establece la ley,
- APROB