SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1264/2012

El anterior Tribunal Constitucional mediante su jurisprudencia sostuvo que aquellas solicitudes en las que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de plazos razonables, estableciendo al efecto en la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, aquellas situaciones que serían consideradas como actos dilatorios, señalando así en su segundo supuesto que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: “b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad”.