SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1335/2012

El representante del Ministerio Publico, en audiencia definió una clara demarcación de la competencia de la jurisdicción constitucional, materializada a través de la acción de amparo constitucional, distinto al ejercicio autónomo de la jurisdicción ordinaria; en este sentido, los Tribunales de garantías se encontrarían impedidos de analizar y valorar la casuística sobre el fondo de los procesos judiciales y administrativos, salvo bajo la presunción de que se estuvieran vulnerando derechos, advertidos en la lesión material de una garantía o de un derecho constitucional, en el presente caso, ante la lesión al debido proceso y el derecho a la defensa, siempre y cuando su modificación implique un nuevo resultado y no por el contrario, introduzca elementos de mayor complejidad, en el ámbito de la valoración de la prueba que compete a la autoridad administrativa.