SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2013

De ahí que la jurisprudencia constitucional entendió que las medidas de hecho se configuran como aquellos: “...actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias…" (las negrillas son nuestras), (SC 0832/2005-R de 25 de julio).

En ese entendido, la mencionada Sentencia refiere que el derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia, se constituye en el “derecho protector de los demás derechos” porque trae consigo la lesión de otros derechos conexos a partir de su supresión, pues dependerá de la conducta adoptada para incidir en una medida o vía de hecho que transcurra paralelamente a la vulneración del acceso a la justicia y otros derechos fundamentales que el afectado pueda señalar, esto dependerá de la evaluación del caso concreto.