SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2013

          La Constitución Política del Estado, en su art. 20, a través de los parágrafos I. II y III, ha incorporado como derechos fundamentales los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, cuya responsabilidad es atribuida al Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. Con relación a los servicios de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones señala que se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada; y en cuanto a la provisión de servicios refiere que debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con la participación y control social. Asimismo, manifiesta que el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos que no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros conforme a Ley. En ese contexto se puede colegir que cualquier acto ilegal o arbitrario que suspenda u obstaculice la provisión o el uso de dichos servicios, se constituyen en actos vulneratorios a los derechos fundamentales, que además tomando en cuenta lo desarrollado, en el acápite anterior, pueden ser protegidos a través de la presente acción.