SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1849/2013
Fecha: 29-Oct-2013
i)
Por su parte, Patricia Zenteno Heredia, Fiscal de Materia codemandada presentó informe cursante de fs. 164 a 165, expresando los siguientes argumentos: i) El accionante todo el tiempo estuvo en conocimiento íntegro del proceso y de los actos investigativos desarrollados, por lo que es inamisible pensar que el mismo se encontraría en un estado absoluto de indefensión; ii) La labor del Ministerio Público constituye un equilibrio entre el compromiso que asume y las facultades, competencias y atribuciones que ejerce, las que se sujetan a la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales, las leyes, sus reglamentos y ordenamientos internos, al margen de la probidad, equidad y transparencia que le son de igual manera exigibles; y, iii) Las partes no pueden activar la jurisdicción constitucional para subsanar la negligencia que hubiese existido dentro la tramitación de un proceso penal; en este caso, el accionante pudo haber recurrido a los medios legales ordinarios al haber advertido la vulneración de algún derecho constitucional, lo que en los hechos no aconteció; solicitando que, sin necesidad de analizar el fondo de la problemática planteada, se deniegue la tutela solicitada.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, a la defensa, presunción de inocencia, motivación jurídica de las resoluciones del Ministerio Público e igualdad de oportunidades, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, alegando que: i) La Fiscal de Materia codemandada, al emitir la imputación formal, presumió un actuar doloso de su persona sin discriminar responsabilidades y formas de intervención médica de cada imputado, estableciendo una errónea y arbitraria calificación jurídica de la atribución delictiva, sin fundamentar ni motivar, vulnerando el art. 73 del CPP; y, ii) El Fiscal Departamental demandado, al pronunciar la Resolución superior jerárquica: a) Sustentó la misma en criterios subjetivos y no en la aplicación objetiva de la ley y la compulsa de los antecedentes; b) No realizó una valoración integral de las evidencias colectadas en la etapa preparatoria, tampoco tomó en cuenta menos valoró las actas de entrevistas realizadas a los médicos que intervinieron en el caso; c) Suplantó el papel de la Fiscal de Materia asignada al caso, toda vez que no puede emitir requerimiento conclusivo; d) La Resolución es ilegal porque se sustenta en la valoración de prueba pericial que no fue legalmente producida durante la investigación; y, e) La Resolución impugnada carece de razonable y suficiente motivación y fundamentación jurídica.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- i)
- I.2.3. Intervención de la tercera interesada
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía
- el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de aquellos, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes
- la competencia sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser compulsada y menos a examinarla, lo que significa, que sólo se deberá disponer en casos de omisión de compulsa que se la analice siempre que curse en el expediente y que hubiera sido oportunamente presentada
- a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales
- otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento
- 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; y, 2) En caso de que se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia, sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida.
- debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas.
- En este entendido, el Tribunal, tampoco tiene competencia para analizar o rebatir el criterio de un juzgador o del Fiscal, en el inicio de una investigación, sobre la existencia o no de un delito, puesto que de hacerlo estaría atribuyéndose funciones que no le han sido encomendadas, ya que se estaría estableciendo, vía acción tutelar, la tipicidad o no de una conducta, por tanto la culpabilidad o no de un imputado.
- dado que esta decisión deberá ser tomada única y exclusivamente por el Fiscal de materia que conoce de la denuncia, luego de realizar el análisis de los hechos y actuados conocidos en la investigación preliminar y durante la etapa preparatoria
- III.7. Análisis del caso concreto
- esta jurisdicción constitucional no tiene facultad para compulsar los antecedentes producidos dentro el proceso penal sobre los hechos denunciados, tampoco competencia para analizar o rebatir el criterio de un juzgador o del fiscal sobre aspectos referidos a la existencia o no de un delito, de hacerlo se estaría atribuyendo funciones que no le fueron encomendadas relacionadas con la tipicidad o no de una conducta
- III.7.2. Con relación al Fiscal Departamental
- lo que impide a este Tribunal ingresar a un análisis de esa ponderación que se constituye en una facultad privativa del Fiscal Departamental, en uso de sus facultades y dentro del marco normativo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, lo contrario implicaría arrogarse atribuciones de la jurisdicción ordinaria que desnaturalizaría la esencia misma de la acción de amparo constitucional, cuyo objeto es el resguardo y protección de los derechos fundamentales, y no así una instancia alternativa más de las vías ordinarias.
- se hace indispensable conocer el resultado de la pericia dispuesta por la directora funcional de la investigación, a efectos de contar con elementos de convicción idóneos y fehacientes que complementen los ya existentes
- por cuanto este actuado contiene una fundamentación y motivación razonables que establecen una relación clara de los antecedentes de la investigación que motivaron la revocatoria, advirtiéndose los fundamentos de hecho y de derecho y la cita de las normas legales pertinentes que sustentan la parte dispositiva de la Resolución
- CONFIRMAR en todo