SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1998/2013
Fecha: 04-Nov-2013
i)
Wilfredo Gutiérrez Gareca, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Entre Ríos, presentó informe oral en audiencia, manifestando que su persona dictó el Auto de Vista 05/2012, confirmando la Resolución de rechazo del incidente de nulidad planteado por la accionante, en base a los siguientes argumentos: i) No se demostró que la incidentista haya participado en el negocio jurídico efectuado por su esposo, el cual figuraba como soltero, tampoco se demostró que el 50% del derecho alegado haya sido inscrito en DD.RR.; y, ii) La accionante no planteó el recurso de apelación en contra de la Sentencia 06/2012, según dispone el art. 222 del Código de Procedimiento Civil (CPC); por lo que no se cumplió con el principio de subsidiariedad.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa a la propiedad ganancial, al debido proceso y a la propiedad privada, toda vez que: i) El Juez de Instrucción Mixto de Entre Ríos, mediante Resolución 52/2012, rechazó el incidente de nulidad que interpusó, al no haber sido citada con el proceso de anulabilidad de contrato de compraventa seguido por Aurora Villa Sánchez en contra de Víctor Germán Jaramillo Villa, respecto al bien ganancial que le corresponde en su condición de esposa del demandado; y, ii) Ante el recurso de apelación planteado contra la Resolución 52/2012, ésta fue confirmada por el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Entre Ríos, mediante Auto de Vista 05/2012.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- denegando
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- por consiguiente, su naturaleza es la de precautelar, proteger y restablecer los derechos y garantías vulnerados por actos u omisiones indebidas de servidores públicos y particulares;
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”
- III.2. La Comunidad de gananciales
- III.3.1. Citación del demandado o los demandados
- III.3.2. Sujetos procesales principales o esenciales
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado.
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- III.5. El derecho a la defensa
- III.6. El derecho a la propiedad
- III.7. Análisis del caso concreto
- III.7.1. El problema jurídico planteado
- III.7.2. Sobre los derechos alegados como vulnerados el debido proceso y el derecho a la defensa
- Derecho a la propiedad
- 2º CONCEDER