SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1998/2013
Fecha: 04-Nov-2013
III.7. Análisis del caso concreto
Del análisis de los antecedentes del caso se extrae que: Aurora Villa Sánchez, mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2011, ante el Juzgado de Instrucción Mixto de Entre Ríos, inició demanda sumaria de anulabilidad de contrato de compraventa del bien inmueble sito en la av. Eberto Lema de la localidad de Entre Ríos, provincia O' Connor del departamento de Tarija, contra Víctor Germán Jaramillo Villa.
Por Sentencia 06/2012, el Juez de Instrucción Mixto de Entre Ríos, declaró probada la demanda de anulabilidad de contrato en todas sus partes; contra dicha Resolución, Víctor Germán Jaramillo Villa interpuso recurso de apelación misma que fue rechazada por la Resolución 26/2012, por haberse interpuesto fuera del plazo legal previsto en el art. 220 inc. 1) del CPC, y declarándose la ejecutoria de la sentencia.
Posterior a ello, Esther Milagro Zamora Gutiérrez -ahora accionante-, mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2012, planteó incidente de nulidad de obrados dentro del proceso de referencia, argumentando que dicha demanda no había sido dirigida contra su persona al ser esposa del demandado Víctor Germán Jaramillo Villa y por constituir el bien inmueble objeto del proceso en un bien ganancial, de acuerdo al certificado de matrimonio que adjuntó.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- denegando
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- por consiguiente, su naturaleza es la de precautelar, proteger y restablecer los derechos y garantías vulnerados por actos u omisiones indebidas de servidores públicos y particulares;
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”
- III.2. La Comunidad de gananciales
- III.3.1. Citación del demandado o los demandados
- III.3.2. Sujetos procesales principales o esenciales
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado.
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- III.5. El derecho a la defensa
- III.6. El derecho a la propiedad
- III.7. Análisis del caso concreto
- III.7.1. El problema jurídico planteado
- III.7.2. Sobre los derechos alegados como vulnerados el debido proceso y el derecho a la defensa
- Derecho a la propiedad
- 2º CONCEDER